NOTARIOS

José Ramón Castro Reina
Manuel Ignacio Cotorruelo Sánchez

facturaComenzamos hoy el estudio de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, centrándonos en la regulación que establece respecto de las Administraciones Públicas y dejando para un segundo post su regulación respecto del sector privado y otros aspectos de la Ley.

1.- Objeto.-  La Ley tiene por objeto impulsar el uso de la factura electrónica, crear el registro contable de facturas, regular su procedimiento de tramitación en las Administraciones públicas y su seguimiento, a fin de reducir la morosidad de las Administraciones Públicas, agilizar los procedimientos de pago a proveedores y dar certeza de las facturas pendientes de pago existentes, además de hacer un seguimiento riguroso de la morosidad y visualizar el volumen de deuda comercial de las Administraciones.

2.– Ámbito de aplicación.-  Desde un punto de vista pasivo, se aplica a las facturas emitidas por la entrega de bienes o la prestación de servicios a las Administraciones Públicas, entendiendo por tales los entes, organismos y entidades relacionados en el artículo 3.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. Asimismo a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, en su colaboración con ésta.

Desde un punto de vista activo, podrán expedir y remitir factura electrónica todos los proveedores de bienes o prestadores de servicios a la Administración Pública. No obstante, será obligatoria dicha expedición, a partir del 15 de enero de 2015, para sociedades, personas jurídicas extranjeras, UTES, etc., salvo exclusión de tal deber por las Administraciones Públicas respecto de algunas facturas, como las de importe hasta 5.000 euros.

3.- Obligación de presentación.- Establece la obligación de presentar las facturas en un registro administrativo en plazo de treinta días desde la entrega efectiva de las mercancías o la prestación de servicios.

Tal obligación y, en general, todas las previstas en esta Ley no serán aplicables a las facturas ya expedidas en el momento de su entrada en vigor, sin perjuicio de que los proveedores que lo deseen puedan presentar también las facturas expedidas antes de la entrada en vigor de la Ley.

4.- Formato.- Las facturas electrónicas que se remitan a las Administraciones Públicas deberán tener un formato estructurado, que se determinará, y estar firmadas con firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, o selladas con sello electrónico avanzado que reúna determinados requisitos.

Entretanto se determina el formato, se ajustarán al de la factura electrónica Facturae, versión 3.2 y con firma electrónica XAsEs y, caso de sello, con certificado válido en la plataforma @firma del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

5.- Lugar de presentación.Será el punto general de entrada de facturas electrónicas, del que dispondrá cada una de las Administraciones (Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales), si bien las Comunidades Autónomas y Entidades locales se podrán adherir al punto general de entrada de facturas electrónicas establecido por una Administración de mayor ámbito (en última instancia, la estatal).

6.- Tramitación.- Para su tramitación, cada Administración, Ente, Organismo o Entidad incluida en el ámbito de aplicación de la Ley, llevará un registro contable de facturas y deberá seguir el procedimiento de tramitación que la Ley establece.

La recepción de la factura producirá los efectos que, conforme a la LRJAPyPAC, se deriven de su presentación en un registro administrativo.

La gestión del registro corresponderá al órgano o unidad administrativa que tenga atribuida la función de contabilidad.

Los registros contables remitirán, por vía telemática, la información sobre las facturas a la AEAT, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de facturación.

7.- Equivalencia de efectos.- La factura electrónica será válida y tendrá los mismos efectos tributarios que la factura en soporte papel, incluidos los de servir de justificante para permitir la deducibilidad de la operación conforme a la normativa de cada tributo.

8.- Organización y colaboración administrativas.- En esta materia, la Ley regula las actuaciones correspondientes al órgano competente en materia de contabilidad y las facultades y obligaciones de los órganos de control interno, como la Intervención General.

Y establece que la AEAT, los órganos de recaudación de las CCAA y Entidades Locales, la TGSS y los órganos pagadores de las Administraciones Públicas, incluidas en el ámbito de aplicación de la ley, intercambiarán información sobre deudores de las administraciones y pagos a los mismos, con el objeto de realizar las actuaciones de embargo o compensación que procedan.